jueves, 24 de enero de 2013
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las Comunidades Autónomas para “actualizar los datos del sistema de dependencia, evitar el fraude y mejorar la trasparencia”, ya que 29.169 fallecidos constaban como benficiarios del referido sistema, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas la pasada semana. Dicho Tribunal revela la falta de comunicación de estas muertes por parte de las autonomías habiendo sido por ello beneficiarias de una “financiación indebida”.
Por
ello y para evitar nuevos fraudes y mejorar la referida transparencia, nuestra ministra se ha puesto
manos a la obra disponiéndose a realizar modificaciones en la ley de
dependencia y “avanzar hacia la
profesionalización de los servicios” ó lo que es lo mismo la privatización de las prestaciones. Es decir un
servicio profesionalizado alejado de la familia (leáse empresas privadas), según nuestra
ministra, evitará fraudes de los servicios no profesionalizados(leáse cuidados
de dependientes dentro del entorno
familiar). Y todo dependiente que fallezca, no será ni sujeto ni objeto de
fraude por ningún servicio no profesionalizado.
Solo le ha faltado decir que con tal
nivel de profesionalización, nuestros dependientes quizás no fallezcan nunca y
así ya no será necesario poner ningún listado de beneficiarios al día.
Estos argumentos y propuestas no son más que la justificación de la
reforma de la citada ley que pone en SERViCIO la prestación económica
vinculada para la compra de los
servicios privados.
Lo más rocammbalesco de esta
historia es el cruce de acusaciones que se han realizado los responsables de
las diferentes administraciones, inculpando el Gobierno Central a las CCAA de haber
recibido una financiación indebida de dependientes fallecidos “no declarados” y
las comunidades devolviéndole la pelota al recordarle al Imserso su
responsabilidad en una actualización informática necesaria que les
impidió poner al día los datos. O sea
que unos por otros y la casa sin barrer y mientras las comunidades autónomas,
que no los familiares (esos cuidadores no profesionalizados que relega la
ministra) . reteniendo en “su bolsillo” las prestaciones económicas de los dependientes fallecidos.
Con todo ello ha quedado en
evidencia la falta de coordinación de las instituciones y el desprecio que
éstas han escenificado a los seguimientos que los profesionales del trabajo
social, coordinadores de caso, han de
realizar del Programa Individual de atención al dependiente (PIA), a través de la
emisión de informes sociales.
Ningún
programa informático por muy actualizado que esté podrá sustituir la atención
individualizada y el seguimiento del estado del dependiente en su entorno que
los profesionales del trabajo social realizan. Y las instituciones en litigio no deben de olvidar
que sus programas informáticos se surten de los datos que les proporcionan los
profesionales que hacen las valoraciones y seguimientos de los dependientes.
Señora Mato (vaya apellido) no deberían justificar las reformas del sistema de dependencia con
estadísticas de dependientes fallecidos porque de esta forma si que cometen
ustedes fraude y falta de trasparencia .
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