jueves, 24 de enero de 2013

      


El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las Comunidades Autónomas para “actualizar los datos del sistema de dependencia, evitar el fraude y mejorar la trasparencia”, ya que 29.169 fallecidos constaban como benficiarios del referido sistema, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas  la pasada semana.  Dicho Tribunal revela la falta de comunicación de estas muertes por parte de las autonomías habiendo sido por ello beneficiarias  de una   “financiación indebida”.
            Por ello y para evitar nuevos fraudes y mejorar la referida  transparencia, nuestra ministra se ha puesto manos a la obra disponiéndose a realizar modificaciones en la ley de dependencia y “avanzar hacia la profesionalización de los servicios” ó lo que es lo mismo la  privatización de las prestaciones. Es decir un servicio profesionalizado alejado de la familia  (leáse empresas privadas), según nuestra ministra, evitará fraudes de los servicios no profesionalizados(leáse cuidados  de dependientes dentro del entorno familiar). Y todo dependiente que fallezca, no será ni sujeto ni objeto de fraude por ningún servicio no profesionalizado.

Solo le ha faltado decir que con tal nivel de profesionalización, nuestros dependientes quizás no fallezcan nunca y así ya no será necesario poner ningún listado de beneficiarios al día.

Estos argumentos y propuestas no son más que la justificación de la reforma de la citada ley  que pone en SERViCIO la prestación económica vinculada  para la compra de los servicios privados.

            Lo más rocammbalesco de esta historia es el cruce de acusaciones que se han realizado los responsables de las diferentes administraciones, inculpando  el Gobierno Central a las CCAA de haber recibido una financiación indebida de dependientes fallecidos “no declarados” y las comunidades devolviéndole la pelota al recordarle al Imserso su responsabilidad en  una  actualización informática necesaria que les impidió poner al día los  datos. O sea que unos por otros y la casa sin barrer y mientras las comunidades autónomas, que no los familiares (esos cuidadores no profesionalizados que relega la ministra) . reteniendo en “su bolsillo” las prestaciones económicas  de los dependientes fallecidos.

            Con todo ello ha quedado en evidencia la falta de coordinación de las instituciones y el desprecio que éstas han escenificado a los seguimientos que los profesionales del trabajo social,  coordinadores de caso, han de realizar del  Programa Individual de  atención al dependiente (PIA), a través de la emisión de informes sociales.

            Ningún programa informático por muy actualizado que esté podrá sustituir la atención individualizada y el seguimiento del estado del dependiente en su entorno que los profesionales del trabajo social realizan. Y las  instituciones en litigio no deben de olvidar que sus programas informáticos se surten de los datos que les proporcionan los profesionales que hacen las valoraciones y seguimientos de los dependientes.

Señora Mato (vaya apellido) no deberían justificar las  reformas del sistema de dependencia con estadísticas de dependientes fallecidos porque de esta forma si que cometen ustedes fraude y  falta de trasparencia .




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